La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a un agente de la Guardia Civil a seis meses de prisión por la muerte de un inmigrante que acababa de desembarcar de una patera tras un disparo efectuado en diciembre del año 2000 en una playa de Tarifa.

Según indicó la APDH-A en un comunicado, la Audiencia considera que hubo homicidio imprudente por lo que condena al agente a seis meses de prisión y a la privación del derecho de sufragio pasivo y de permiso de portar armas durante ese tiempo e inhabilitación para el ejercicio de la profesión de Guardia Civil durante un año y medio. Además, la sentencia establece como responsable subsidiario de indemnización al Estado.

El 3 de diciembre de año 2000, aproximadamente a las dos de la madrugada, un guardia civil disparó y mató a Abdelhadi Lamhamdi en Tarifa, tras desembarcar en una patera procedente del sur de Marruecos. En este sentido, añadió que según la primera versión oficial, la muerte se produjo por accidente cuando el inmigrante trató de empujar al Guardia Civil para huir de él.

Posteriormente, "ante la gravedad de los hechos", la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía se personó en el caso como acusación popular en las diligencias abiertas en los juzgados de Algeciras. Así, en febrero de 2004, el juzgado de Instrucción de Algeciras dictó resolución en el sentido de considerar los hechos como una simple falta, por lo que APDH-A apeló al considerar los hechos al menos como homicidio imprudente, obligando así a la realización del juicio cuya sentencia se ha conocido ahora.

A juicio de APDH-A, se trata de una "importante sentencia, sólo oscurecida por la lentitud de un procedimiento que la propia Audiencia considera totalmente indebido". Además, calificó de "lamentable" la actuación de la Fiscalía, ya que, "pese a que los hechos quedaron probados en el juicio, pidió la absolución, dado que consideraba pertinente que el Guardia Civil hubiera efectuado ambos disparos".

Además, APDH-A consideró que "es un claro precedente cuando la inhumana política que está llevando a cabo el Gobierno de mano dura hacia los inmigrantes, como es el caso de establecer cupos de detenidos y expulsados, está dando lugar a todo tipo de abusos y violación de derechos y puede provocar situaciones tan dramáticas como las ahora juzgadas".

No obstante, manifestó que la sentencia no recoge al cien por cien las peticiones de la asociación, aunque la consideró "suficientemente satisfactoria", ya que el objetivo era "que no quedara impune la muerte de una persona que injustamente había fallecido por disparos de las Fuerzas del Orden, que usó armas de fuego ilegalmente para detenerla, simplemente por intentar buscar un futuro más digno en nuestro país".